El gobierno de Axel Kicillof se metió formalmente en la disputa entre los municipios y el gobierno nacional, tras la resolución de la Secretaría de Comercio que instruyó que las boletas de los servicios públicos “deberán referirse en forma única y exclusiva al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor y suministrado por el proveedor, no pudiendo contener sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio”, para evitar así conceptos ajenos al servicio que brindan. Pero en las prestadoras de la Provincia podrán seguirse cobrando.
Así lo definió el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA), que tiene poder de contralor sobre la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN S.A), la Empresa Distribuidora de Energía Sur (EDES), la empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA), la Empresa Distribuidora La Plata (Edelap) y doscientos (200) distribuidores con concesión municipal bajo la forma de Cooperativa o Sociedad de Economía Mixta. El organismo, que depende del ministerio de Infraestructura bonaerense, planteó que “que el marco regulatorio que rige en el ámbito de la provincia de Buenos Aires aprobado por la Ley 11.769, en su artículo 78 prevé la posibilidad de incluir conceptos ajenos en la facturación”. El OCEBA no tiene competencia sobre las dos grandes prestadoras de energía eléctrica de la zona amba, EDENOR Y EDESUR.
“La provincia ha dictado diversas normas que la reglamentan y complementan a los fines de su implementación y es por ello que la citada norma nacional no resulta de aplicación directa”, agrega el comunicado del Organismo que conduce Diego Rozengardt.
Esta semana, el gobierno nacional dictó una resolución a través de la Secretaría de Comercio que fue rápidamente cuestionada por intendentes bonaerenses, en su mayoría de distritos gobernados por el peronismo. Es que, como contó Infobae, según los jefes comunales la decisión pone en riesgo, por ejemplo, el pago del alumbrado público. Gran parte de los municipios incluyen tasas locales dentro de la factura de los servicios públicos para asegurarse así la cobrabilidad y hacer frente del pago -en este caso- del alumbrado público; un servicio que además incrementó su valor en los últimos meses y que también alcanzó a los municipios. “Están buscando dejar a oscuras al conurbano, no tiene nada que ver con sanear cuentas ni nada por el estilo”, planteó el intendente de un distrito de la Tercera sección electoral a Infobae, una vez conocida la resolución que instruyó el ministro de Economía, Luis Caputo.
Según el OCEBA, “la Ley provincial 11.769 regula la inclusión de conceptos ajenos en las facturas, estableciendo el cumplimiento de los recaudos correspondientes, sin que ello vulnere los principios de la Ley de Defensa del Consumidor, de forma tal que dicha incorporación debe estar debidamente autorizada por el OCEBA, detallada en la factura y permitir su pago por separado”.
En reiteradas oportunidades el propio Kicillof había defendido la política tributaria de las intendencias. “Lo que planteó el gobierno es sacar un instrumento que tienen los intendentes para tener mayor cobrabilidad”, dijo en el marco de la movilización contra el veto a la movilidad jubilatoria del día de ayer. Anteriormente, planteó que el ministro de Economía Luis Caputo tiene que “agradecerle a los intendentes porque si no estuvieran atendiendo las demandas de salud, educación, alimentos y acompañando tendríamos una situación social mucho más complicada que la que tenemos hoy”.
Por su parte, el ministro de Economía recibió este martes al intendente de San Isidro, Ramón Lanús, que le comunicó que el distrito eliminará la tasa vial que se paga en la carga por cada litro de combustible. “Acompañando el esfuerzo que estamos haciendo todos los argentinos para normalizar la economía, hemos resuelto eliminar la tasa municipal a los combustibles”, planteó el jefe comunal del PRO que se mueve políticamente cerca de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La tasa, formalmente denominada, “Tasa por Servicio de Protección Ambiental”, implica un costo para los vecinos de $6 sobre cada litro de nafta que cargan. En el caso del GNC, el costo es de $4 por litro. Se trata de un impuesto que se cobra desde el año 2016.
Días atrás, otro intendente de la provincia había anunciado la eliminación de ciertas tasas locales; medida que también fue celebrada por Caputo. Se trata del intendente de Zarate, Marcelo Matzkin, quien en medio de la polémica por las tasas municipales anunció que en su distrito se eliminaron tres tasas que recargaban la tasa existente de seguridad e higiene, la tasa por el derecho a la habilitación, a la construcción, la eximición del ABL a los jubilados, la tasa por el el derecho de oficina y la eximición por cinco años del ABL a quien compre un nuevo desarrollo inmobiliario. La decisión fue celebrada por Caputo.
