Tras más de dos meses, el Senado activó el presentismo con huella para sus empleados de planta permanente y temporaria, como adelantó en junio pasado Infobae, aunque varios agentes continuarán exceptuados. El sistema, que será efectivo a partir del jueves, ocurre luego de las declaraciones del legislador libertario y titular provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala, que reconoció que tiene más de 15 asesores y la mayoría de ellos trabaja en San Luis por su deseo de ser gobernador del distrito cuyano.
La norma fue publicada esta tarde y lleva la firma de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, después de un escaneo exhaustivo de su mano derecha y secretaria administrativa de la Cámara alta, María Laura Izzo. Entre los eximidos aparecen los “agentes de planta temporaria que cumplan funciones a las órdenes de un Legislador Nacional, en su despacho, en un bloque político, en funciones de asesoramiento en una comisión permanente o especial, unicameral o bicameral”, entre otras cuestiones.
Además, estarán liberados quienes “por razones debidamente fundadas sean autorizados por la Secretaría Administrativa a solicitud de los responsables primarios”, así como quienes “se encuentren adscriptos, en comisión de servicios y en uso de licencias”.
Otras eximiciones apuntan al personal “de la Dirección de Relaciones Oficiales afectado a servicios especiales”. En ese sentido, la resolución presidencial aclara: “Dicha Dirección deberá administrar a la Dirección General de Recursos Humanos, y mantener actualizada, la nómina de personal afectado a la atención de los Senadores Nacionales y Autoridades de la Cámara en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, a efectos de ser exceptuados del control de presentismo”. En el lote también se encuentran los “choferes dependientes de la Dirección de Automotores” y “taquígrafos”.
En realidad, como informó este medio meses atrás, el sistema fue un intento frustrado de la gestión macrista de Gabriela Michetti, luego frenado por el kirchnerismo durante la presidencia de Alberto Fernández. En junio pasado, Izzo detalló que “con motivo de la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), mediante una profusa normativa dictada por la Secretaría Administrativa” del cristinismo, que comandó la camporista María Luz Alonso -actual diputada provincial en La Pampa-, “se modificaron transitoriamente las pautas de habilitación y control de ingreso a las instalaciones del Organismo, lo cual implicó en los hecho la tácita suspensión del Sistema de Presentismo por Datos Biométricos”.
Infobae contó, en marzo último, que un empleado que no iba a trabajar fue desvinculado el último 1 de febrero y, tras semanas de investigación, corroboró que el ahora ex trabajador aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta.
Desde el 10 de diciembre pasado, Villarruel e Izzo también desalojaron 12 oficinas de legisladores con mandato cumplido; rechazaron compensaciones a agentes que pedían extras por estudios realizados -incluso, uno no contaba con el secundario finalizado-; y echaron a varios empleados por ausentarse sin justificación, entre otras medidas adoptadas por la titular del Senado y la secretaria administrativa.
Cuando se inició la recopilación de datos y huellas de los trabajadores, llamó la atención la ausencia de entre un 8-10%, como certificó este medio en junio último. No obstante, muchos de ellos justificaron esa situación y el Senado otorgó una prórroga antes de activar la nueva modalidad. En esa línea, el porcentaje en cuestión se redujo -sin datos finales hasta el momento- de manera considerable. Esto no frena las sanciones de cesantía por faltas acumuladas, según consta en resoluciones públicas de Izzo que se encuentran en la web de la Cámara alta.
