Tras posponer la sesión pensada para este jueves en el Senado, como adelantó Infobae, legisladores dialoguistas comenzaron a circular entre despachos un nuevo borrador para modificar el proyecto sobre la Boleta Única de Papel, que sería llevado al recinto el miércoles próximo al recinto y volvería, en segunda revisión, a Diputados.
A pesar de las insólitas idas y vueltas que dio la Casa Rosada por este tema -dinamitó un preacuerdo de semanas atrás, con cambios imposibles de digerir para silvestres provinciales con votos clave-, en las últimas horas se confirmó que el texto sobre el que se busca avanzar ahora elimina de la iniciativa de Diputados el botón de lista completa para las elecciones generales. Tampoco estará en las PASO, como pretendía el Gobierno.
En cambio, hay plazos que con argumentos válidos explicó el Ejecutivo días atrás y fueron contemplados. Por caso, se modificará el artículo 20 de la ley 26.571, de representación política y equidad electoral, para convocar “a elecciones primarias la realizará el Poder Ejecutivo nacional con una antelación no menor a los noventa (90) días previos a su realización”.
Además, las PASO tendrán que “celebrarse el primer domingo de agosto del año en que se celebren las elecciones generales previstas en el artículo 53 del Código Electoral Nacional”. Otro punto a observar es la modificación del artículo 64 bis del Código Electoral Nacional -ley 19.945-, que habla sobre la campaña a iniciarse 60 días antes de la fecha de las elecciones generales.
Por otra parte, para las primarias se deja en claro que cada “categoría incluirá el nombre y apellido de al menos los/las primeros cinco (5) precandidatos/as titulares, cuando corresponda, y la fotografía color de los primeros dos (2) precandidatos/as titulares”. En el proyecto aprobado por Diputados, es de tres y dos, respectivamente.
En cuanto a la incorporación de tecnologías electrónicas, se menciona que “la justicia federal con competencia electoral” podrá hacerlo “exclusivamente en las siguientes etapas del proceso electoral: producción y actualización del registro de electores; oficialización de candidaturas”; e “identificación del elector”. Se quita del dictamen la “digitalización y transmisión de los resultados del escrutinio de mesa desde el local de votación a los centros de cómputos”.
Tampoco aparece en el despacho de mayoría -logrado en febrero pasado- la posibilidad de que los “partidos políticos de distrito y nacionales” puedan “constituir confederaciones de distrito o nacionales respectivamente de dos (2) o más partidos para actuar en forma permanente”. Esto significaría subrogar los derechos políticos y financieros de los integrantes.
Para participar en las elecciones generales como confederación, “deberán haber solicitado su reconocimiento ante el juez federal con competencia electoral competente hasta ochenta (80) días antes del plazo previsto para las elecciones primarias respectivas”.
Otra cuestión observada en el nuevo borrador es que, “en caso de simultaneidad, la oficialización de las boletas únicas de papel y su distribución quedarán a cargo del juez federal con competencia electoral o, en su caso, de la Junta Electoral Nacional, a cuyo efecto las autoridades locales respectivas remitirán la correspondiente lista de candidatos oficializados”.
A diferencia del dictamen, la propuesta de las últimas horas no aclara, para las elecciones simultáneas -mismo día e idéntico sistema; en cambio, “concurrente” es igual día, pero mecanismo distinto-, la diferenciación de boletas y urnas distintas para cargos nacionales versus provinciales y municipales.
Como se trata de una cuestión electoral, este tema requiere mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta y no puede ser desempatado por la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Por eso las negociaciones desde el receso invernal.
Al posponerse la sesión, el oficialismo también ganó tiempo ante un eventual tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de fondos para la inteligencia, ya rechazado por Diputados y cerca de convertirse en el primero en ser desactivado por el Congreso. El Gobierno tiene siete días por delante.
