La dura derrota oficialista sobre jubilaciones, ocurrida el jueves último en la Cámara alta, terminó de sellar una curiosa realidad que, en honor a los hechos, se registra desde tiempo atrás: es la era del “Senado al revés”, con un Gobierno que hizo mucho más para fomentar dicho traspié que la propia oposición, que aprovechó tropelías por doquier y jugó gratis -incluso, con perversa diversión- toda la semana. De esta manera, las bancadas anti libertarias, dinamitadas en lo interno, volvieron a pisar algo de tierra firme que no veían hace meses, sin siquiera haber realizado una mínima autocrítica tras la debacle electoral del año pasado.
En junio, mientras se aceleraban los cambios de la Ley Bases y el paquete fiscal el Senado, Diputados aprobó el proyecto que mejora los haberes previsionales, con legisladores que reconocieron tras esa jugada que, en algunos artículos, se les había ido la mano. En aquel momento, el Gobierno le pidió al oficialismo que ganara 15 días para acercar una nueva propuesta. La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, consiguió más de dos meses. El problema es que nunca existió una negociación por este tema y, con el resultado cantado, en el recinto sobraron los dos tercios para sancionar la iniciativa.
La definición se dio en medio de bancadas más que partidas, como el Pro y la Unión Cívica Radical (UCR). También tiene lo suyo -aunque más discreto- el Frente de Todos, con una fuerte discusión esta semana en la que estuvo involucrado su jefe, José Mayans. La ayuda llegó desde la Casa Rosada y de ahí la pregunta que quedó, post sesión, en cuanto a si el Ejecutivo buscó este resultado a propósito, algo que el anuncio posterior de veto confirmó. De paso, quedaba pegada Villarruel -se retiró antes de la votación- al traspié, en medio de una semana cruzada por el aumento de dietas en la Cámara alta que se retrotrajo en el recinto.
Algo que no se debe olvidar: el primer artículo de la ley replica el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que Javier Milei firmó para que las jubilaciones pasen a actualizarse todos los meses por inflación. La iniciativa sancionada además recupera un 8,1% retroactivo a enero pasado -no contemplado por el Gobierno- que, con el veto, seguirá a cargo de la “casta tercera edad”.
De yapa, los diputados tan sólo sumaron que el haber mínimo sea equivalente al 1,09% de la Canasta Básica, que se cancelen todos los juicios previsionales con sentencia firme -esto es más que justo, ya que son conflictos resueltos- y que se compensen las 13 cajas provinciales no transferidas a Nación, entre otras cosas. Este último punto fue incumplido por todos los Ejecutivos de los últimos largos años.
“Lo que ocurrió fue, simplemente, un aviso de lo que se viene”, comentaron a Infobae desde un experimentado despacho al término de la sesión. La oposición -pareciera no tener mucho sentido hablar de “dialoguistas”- ahora quiere avanzar rápido con la ley que ya votó Diputados para blindar los presupuestos universitarios. Para tener una idea del dislate en el Senado: tras 9 meses, el kirchnerismo recién enviará a sus representantes de la comisión de Educación que, en principio, le tocaría presidir.
Un tema que quedó pendiente en la Cámara alta y que viene trabado desde el último período estival es la Boleta Única de Papel (BUP). Desde el receso invernal que se inventan siempre los bloques durante 15 días de julio, un puñado de “dialoguistas” y el equipo de Villarruel lograron convencer a silvestres provinciales claves de quitar el casillero de “lista completa”. La Casa Rosada reventó ese preacuerdo 15 días atrás.
El martes pasado, funcionarios aterrizaron sin avisar al plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado para explicar los cambios -retomar el entendimiento- y “salvar” el proyecto. Lo hicieron de forma descremada, ante senadores que ni siquiera habían recibido el texto final que quería la Casa Rosada.
Las modificaciones de diferentes plazos implicaba, de mínimo, varios días para que las justicias con competencia electoral en las provincias chequearan el nuevo esquema. No obstante, el Ejecutivo deslizó que estaba todo consensuado y que se incluiría en la sesión del jueves último. Horas después, la ley fue descartada en Labor Parlamentaria. “No hicieron nada para que se votara esta semana. Todo lo contrario. Pero, claro, la culpa es nuestra y de Villarruel. Si seguimos así, vamos de nuevo con la boleta sábana. Me pregunto, ¿a quién favorece eso?”, expresó a este medio un integrante del oficialismo.
Un dato no menor: en la sesión del jueves, todos los bloques del Senado acordaron no hablar de Alberto Fernández y el expediente judicial por violencia de género, las fraudulentas elecciones en Venezuela y la horripilante visita de diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esta última cuestión comenzó a ser tratada en Diputados. Allí, su titular, Martín Menem, goza de un envidiable blindaje político no sólo del Gobierno, sino también de importantes sectores de la oposición.
Las severas derrotas libertarias de la corriente semana pasaron de largo en la Casa Rosada, así como los papelones de las reuniones del bloque libertario. Vale recordar que el oficialismo ya cambió allí al jefe de bloque por insistencia del Gobierno y de Menem, que le soltó la mano a Oscar Zago. Todo se agravó. Ni hablar de las gestiones para activar a La Libertad Avanza en las provincias, o las delegaciones de ANSeS y PAMI y sus bifurcaciones, que se traducen en trifulcas encarnizadas. Será interesante ver la reacción del mercado.
De lo que sí no se pueden quejar los diputados es del aumento del 70% que dio en tres tramos el riojano. Es una resolución escondida. Lo habitual: la Cámara baja disfruta de un sistema nada comparable al del Senado. Por ese motivo, la Cámara alta es siempre noticia: cualquier persona puede acceder a las normativas de Villarruel, las administrativas y parlamentarias, de Recursos Humanos y licitaciones en pocos segundos. ¿Cuál es la última decisión presidencial cargada en la web Diputados? Una de 2019.
En menos de un mes, el Congreso tendrá el inicio de una batalla decisiva: el Presupuesto 2025. En paralelo, bucea sin lúcidas acciones el escenario electoral del año próximo. Sólo cuenta con 7 de 72 senadores. Todavía no comprende que no puede presentar “candidatos contendientes”. Hoy tiene los resortes del Estado. Sí tiene muy claro algo: necesita, quiere -y desea- todo el poder, y sólo considera rivales dignos a quienes así piensen, vivan y lo sientan. Una apuesta de máximo riesgo a convalidarse en las urnas. Restan 12 meses de gestión hacia esa meta.
