El proyecto que actualiza indemnizaciones por despidos en la provincia de Buenos Aires, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y actualmente se discute en el Senado bonaerense, sigue generando un fuerte debate y cada sector hace su juego en pos de la sanción o el freno a la iniciativa.
La iniciativa que fue presentada por las diputadas kirchneristas Maite Alvado y Soledad Alonso propone modificar el artículo 48 de la Ley 11.653, que tiene que ver con las liquidaciones dispuestas en juicios laborales. El cambio impulsado por las legisladoras es que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentada por el BCRA más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”. Entre sus argumentos, Alvado planteó a Infobae que la iniciativa busca llevar el cálculo a como funciona en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo que buscamos es equiparar los derechos de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires con los de la Ciudad, nada más”, dijo.
Para la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires (IUPBA), la situación es diferente. En diálogo con Infobae, el presidente de la entidad, Martín Rappallini, remarcó que “las situaciones de la Ciudad y la Provincia no son las mismas”, ya que “la Provincia no tiene ni instancia conciliatoria ni Cámara de Apelaciones que revise las sentencias. Por ende, una propuesta como esta podría funcionar como incentivo para la litigiosidad”.
“Tenemos que trabajar en propuestas que incentiven la creación de empleo y desincentiven la litigiosidad”, consideró Rappallini, quien habló con senadores tanto del oficialismo como de la oposición. En este orden, planteó que los distintos encuentros con legisladores fueron “para que dimensionen el impacto negativo que tendría la aprobación del proyecto de ley”. Rappallini también ocupa una vicepresidencia en la Unión Industrial Argentina (UIA).
Como viene dando cuenta este medio, el proyecto genera la atención del sistema político y empresarial de la provincia de Buenos Aires. Tras su sanción en la Cámara de Diputados, sectores industriales se declararon en estado de alerta y activaron distintas reuniones para abroquelar a todo el arco opositor detrás del rechazo de la iniciativa. Hasta el momento, lo vienen consiguiendo.
Pero en el orden legislativo el peronismo cuenta con mayoría en todas las comisiones del Senado, por donde debe pasar el expediente. Ya tuvo el visto bueno de Trabajo y Legislación Social, resta su discusión en la comisión de Legislación General y, finalmente, en Asuntos Constitucionales y Acuerdos.
La decisión política de Unión por la Patria es avanzar con el proyecto. Sin embargo, en las últimas horas también se abrió la posibilidad de hacerle modificaciones a lo aprobado en Diputados.
“Este proyecto de ley desincentiva la generación de empleo, aplica intereses sobre plazos ajenos al empleador por los tiempos de los procesos judiciales y va a terminar por provocar la quiebra de muchas empresas, principalmente las micro y pequeñas, por los montos exacerbados a los que llegarían las indemnizaciones”, enfatizó Rappallini en diálogo con Infobae.
Al ser consultada por este medio, la autora del proyecto enfatizó que “hace 22 años funciona pacíficamente esta tasa en la Capital y no hay un quiebre masivo de Pymes por juicios laborales”.
No solo la UIPBA se declaró en contra del proyecto. También la Federación Económica de la provincia de Buenos Aires (FEBA) mantiene una cruzada contra el proyecto que, cuando fue presentado, contó con el respaldo del ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.
Días atrás se reunió el Directorio de la FEBA y estuvieron presentes los senadores Flavia Delmonte (UCR-Cambio Federal) y Sergio Vargas (La Libertad Avanza). Allí, los legisladores volvieron a ratificar el rechazo a la iniciativa. Tras ello, el bloque libertario emitió un comunicado donde ratifican que sus tres senadores no acompañarán el texto y que, “más allá de adolecer de deficiencias de técnica legislativa, debe analizarse con profundidad una propuesta para adoptar una fórmula de actualización equitativa para todas las partes”.
Pese a tener mayoría en las comisiones por donde pasará la iniciativa, Unión por la Patria necesitará de tres aliados para conseguir una votación favorable cuando lleve el texto al recinto, en caso de que haya presencia de todos los senadores. Corre, sin embargo, la posibilidad de que haya alguna abstención o bien ausencia si efectivamente hay una decisión de avanzar con el proyecto. En ese caso la balanza se inclinaría a favor de Unión por la Patria. Los números son ajustados en la Cámara alta bonaerense. Hasta el momento no hay convocatoria para la comisión de Legislación General. Esta semana no hubo ninguna reunión de comisión en el Senado.
