Luego de perder la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, y mientras negocia con dificultad el DNU de fondos para la SIDE, la reforma jubilatoria y los pliegos para la Corte Suprema, el Gobierno sufrió un nuevo revés en el ámbito parlamentario. Anoche se postergó el debate del proyecto de la Boleta Única, que tiene media sanción de Diputados, y en la cual Javier Milei depositaba la expectativa de lograr al menos un avance legislativo en la compleja era parlamentaria post-Bases.
Apurado por los tiempos del proceso electoral, y sin las voluntades necesarias suficientes a su favor, el oficialismo se había mostrado dispuesto a ceder en un cambio clave del diseño del cuerpo de las boletas para lograr que se apruebe en la Cámara alta (aunque con la expectativa, incierta, de recuperarlo en la eventual revisión de la Cámara baja). Sin embargo, anoche sufrió un contratiempo que podría, al menos, dilatar sus planes.
El Gobierno esperaba tachar ayer el primer ítem de la lista de pendientes en torno a la BU y empezar a discutir esta semana en el Senado, al menos, un fragmento de reforma política. Sin embargo, finalmente no hubo acuerdo con la oposición, y la comisión de Labor Parlamentaria excluyó el tratamiento de ese dictamen del temario de la sesión del jueves.
El desenlace puso en peligro la iniciativa que el oficialismo impulsa con apremio. Es que, si bien falta más de un año para las elecciones legislativas, los procesos de licitación deberían iniciarse dentro de pocos meses para respetar el calendario de la Cámara Nacional Electoral. Si la aprobación de la ley se postergara más allá de septiembre, Javier Milei podrían quedarse sin tiempo para poder aplicarla en 2025.
Ayer, varias horas antes de Labor Parlamentaria, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, había participado del plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, presididas por los senadores Edgardo Kueider (Unidad Federal) y Juan Carlos Pagotto (LLA), para retomar el debate sobre la implementación de la boleta única de papel en las elecciones nacionales.
El funcionario, mano derecha de Guillermo Francos, asistió con su par de Gabinete Ejecutivo, José Rolandi, para discutir aspectos principalmente técnicos, como la extensión de los plazos para la impresión de las boletas entre las PASO y las Generales (con el argumento de que necesitarán más tiempo para reconfigurarlas). Sin embargo, desde el punto de vista político, buscó terminar de confirmar el principio de acuerdo que había empezado a cerrar hace unos diez días, por lo bajo, con los legisladores de Misiones y Río Negro, que exigían cambios en el diseño de la boleta.
El Gobierno presenta el sistema como un modo de “simplificar el proceso electoral, facilitar la participación de partidos con menos estructuras y ahorrar en el costo financiero del Estado”. Pero los partidos chicos y provinciales temen que los perjudique. Por lo que la principal discusión política gira en torno al fragmento del proyecto que prevé que se incluya, en el diseño de la boleta, un casillero que permita seleccionar “automáticamente” la tira de candidatos de un mismo partido para todas las categorías. Un detalle no menor que, alegaban desde las provincias, complicaría a esos sellos menores, porque generaría un efecto de “arrastre” de las principales figuras sobre el resto de los cargos.
A regañadientes y urgido por exhibir un caso de éxito legislativo, el Gobierno se mostró dispuesto a aceptar este cambio, que en un principio había rechazado. Estaba obligado: los poroteos que ensayan en los despachos de la Casa Rosada les indican a los funcionarios libertarios que no le alcanzan los votos para sostener el dictamen tal y como está redactado, sino que enfrentan un escenario de empate técnico, que Villarruel no podría dirimir a su favor porque se trata de una cuestión electoral y se necesita mayoría absoluta. La voluntad para dar el brazo a torcer, no obstante, fue insuficiente, y el debate se postergó indefinidamente.
En la Casa Rosada, de todas formas, se muestran confiados en que el tema se debatirá eventualmente, y aseguran que la “derrota” en el Senado con la introducción de modificaciones podría revertirse en la etapa de revisión en Diputados, donde creen que están los números para rechazarlos. Con lo cual, se adelantan, a la postre saldrían airosos y mantendrían ese polémico casillero en pie.
La discusión por la BU se prolonga desde el inicio del año. En los albores de la gestión libertaria, incluso, había sido ubicada como prioritaria. Particularmente, para la titular del Senado, Victoria Villarruel, que quería que fuera el primer proyecto exitoso de la administración Milei. Sin embargo, las peleas palaciegas entre Karina Milei y la vicepresidenta, sumadas a las múltiples complicaciones, marchas y contramarchas de la ley Bases, relegaron ese debate, que quedó en el tintero. Y recién ocho meses después de asumir se decidieron a retomarlo, ya sobre el filo.
Ahora, los libertarios quieren que la BU sea el primer triunfo post-Bases en momentos de fuertes ruidos políticos con la oposición por el resto de la complicada agenda parlamentaria. Esperan que represente al menos un éxito de La Libertad Avanza en el amplio y complejo temario del ámbito legislativo, que esta semana está en el cenit de actividad desde la aprobación de la ley Bases. Hoy es la audiencia por el pliego de los jueces propuestos para la Corte Suprema por el Gobierno de Ariel Lijo y Manuel Mansilla, y mañana se tratarán los gastos reservados de la SIDE. Mientras que ayer, gracias a un acuerdo con el kirchnerismo, el radical Martín Lousteau se quedó finalmente con la presidencia de la Bicameral de Inteligencia y le quitó un lugar clave al Gobierno.
Milei no sólo enfrenta escollos en las áreas vinculadas a la inteligencia y las jubilaciones, sino también con respecto a otros aspectos de la reforma política. El proyecto de eliminación de la PASO, primordial para los libertarios está empantanado por la resistencia de los aliados de PRO, que necesitan de esa herramienta para ordenar su interna. Y en la Casa Rosada están cada vez menos dispuestos a aceptar el término medio propuesto por sus socios, que pretendía que sólo la obligatoriedad fuera erradicada. “Entre mantener la PASO y las PAS, preferimos mantener las PASO”, dijo llamativamente un importante funcionario ayer por la tarde.
