En medio de la trifulca entre senadores, la Casa Rosada y Victoria Villarruel por la suba de dietas de legisladores, la Cámara alta decidió para el jueves realizar primero la sesión ordinaria donde se debatirá la ley que mejora las jubilaciones, para luego continuar con otra especial en la que se analizará el aumento de los sueldos de los parlamentarios. Todo esto fue definido en la reunión de Labor Parlamentaria que finalizó esta noche, pasadas las 21.
Según confiaron a Infobae participantes del encuentro entre jefes de bloque y Villarruel, la sesión ordinaria -pensada para las 11- incluiría un pacto de no agresión -por cuestiones de privilegio- sobre asuntos que consideran de “circo romano”, como el expediente judicial sobre Alberto Fernández por violencia de género; la visita de diputados libertarios a represores condenados por delitos de lesa humanidad; y el fraude electoral en Venezuela, entre otras cuestiones.
Jubilaciones
La Libertad Avanza recibió esta noche una pésima noticia en Labor Parlamentaria: el radicalismo votaría en conjunto la ley ya aprobada por Diputados. Con el acompañamiento de la UCR, del kirchnerismo y de silvestres provinciales, la iniciativa se sancionaría con dos tercios. Es decir: ambas Cámaras podrían insistir con ese número en un futuro si Javier Milei decidiera vetar -de forma parcial o total- la eventual norma.
El proyecto en cuestión establece una actualización mensual en base al último dato disponible del Índice de Precios al Consumidor (IPC), como el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) vigente que activó el Ejecutivo.
La iniciativa demás incorpora una compensación extra -o “empalme”- de un 8,1%, dado que el Gobierno otorgó un 12,5% que no cubre el 20,6% de inflación de enero. Con este mecanismo, el haber mínimo garantizaría la cobertura de la canasta básica del adulto mayor. El Ejecutivo insiste que esto sea a partir de la publicación de una potencial ley, sin retroactividad, algo inaceptable para el sector considerado “dialoguista”.
Para evitar que la actualización de la canasta básica -se efectiviza después del pago de los haberes- no quede desfasada, se optó por establecer en ese sentido un mínimo equivalente a 1,09. Tampoco es aceptado por la Casa Rosada, aunque varios dialoguistas consideran que a Diputados “se le fue la mano”.
Además, la Cámara baja agregó de forma anual un adicional del 50% de la variación entre el RIPTE -promedio de los salarios- y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. Bajo este precepto, el IPC no se convertirá en un techo para los haberes. Otro punto que el Gobierno no tolera.
Durante el debate en Diputados, una prenda de cambio entre opositores fue priorizar el pago de los juicios sobre reajuste de haberes y de las deudas con las cajas previsionales provinciales -que 13 distritos no transfirieron a Nación- con fondos de la ANSES, pero sin tocar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Por ende, se pagarán con los tributos que tienen asignación específica para la ANSES, como el impuesto al cheque, el PAIS y el IVA. Para el Ejecutivo, esto significa el final del déficit cero.
En la sesión ordinaria también aparecerán otros temas que no tendrían discusión abierta entre los bloques y se votarían sin discursos, como el de Carolina Losada (UCR) que activa “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
Dietas
El aumento automático en las dietas de los senadores, que está atado en la actualidad a las subas salariales de los empleados legislativos -votado en el recinto, en abril pasado-, implicaría que los sueldos se incrementen el mes próximo a $8,3 millones en bruto. Esto generó un escándalo y críticas de todo el arco político, incluido Milei, que los acusó de “estafadores”.
Por la mañana de hoy, los jefes de todas las bancadas -buscó ser el primero el líder del kirchnerismo, José Mayans– decidieron dar marcha atrás con el incremento y adelantaron que presentarán una nota para pedir desenganchar la variación de sus sueldos de lo que cobran los empleados del Congreso.
El martes último, en la reunión de Labor Parlamentaria en la que se decidió posponer la sesión por jubilaciones -que será pasado mañana-, la definición de la paritaria para todos los agentes que trabajan en el Congreso fue adelantada por Villarruel. También estaba al tanto de todo esto su par de Diputados, Martín Menem. Allí, los legisladores cobran menos en mano -resolución ocultada por el titular de la Cámara baja- y utilizan otra mecánica.
Durante dicho convite, se mencionó la posibilidad de desengancharse de la suba en cuestión. En abril pasado, varios bloques y legisladores -opositores y oficialistas- presentaron notas para no aceptar el aumento votado en el recinto -no es posible llevarlo a cabo-; otros, deslizaron en medios provinciales que lo donarían. No obstante, en la reunión del martes último, los representantes de las distintas bancadas no emitieron sonido alguno.
Esta noche estallaron de furia varios bloques contra el líder del PRO en la Cámara alta, Luis Juez, quien salió a despotricar en medios de comunicación en anuencia con Milei y la Casa Rosada. Todo lo contrario a lo acontecido el martes pasado. Por eso Villarruel incorporó a la sesión especial la resolución del cordobés y otros macristas -no todos- para retrotraer el aumento de abril pasado.
Antes de llegar ahí, en el temario de la sesión aparece primero otro proyecto, impulsado meses atrás por Mayans, que impone que el Presidente de la Nación tiene que tener un haber establecido en 20 salarios mínimo vital y móvil. Ése será el máximo que se aplicará a los miembros de los tres poderes del Estado, órganos extrapoderes, organismos descentralizados de la Administración Pública Nacional, y empresas y sociedades del Estado. Como el mínimo hoy está en 262.432,93 pesos, el del primer mandatario quedaría en 5.248.658,6 pesos.
Sobre autoridades superiores y jerárquicas como ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios y cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades comprendidas en los incisos a), b), c), y d) del artículo 8º de la Ley 24.156, incluyendo al Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados (INSSJP), el Banco Central de la República Argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos, los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal y del Poder Legislativo, sus remuneraciones no podrán superar 15 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, por todo concepto. Es decir, 3.936.493,95 pesos.
Por otra parte, a partir de Secretarios de Estado, la cifra baja a 10 salarios, mientras que para Directores/as Ejecutivos de las Empresas y Sociedades del Estado -YPF por ejemplo- será de nueve haberes mínimos. Si el proyecto obtuviera la aprobación del Senado y la sanción de Diputados -hoy, lejano-, no sólo implicará que el Presidente tenga fijado su sueldo, sino que también impactará en la Corte Suprema de Justicia: magistrados del máximo tribunal pasarían a percibir casi $4 millones, ya que en la escala quedarían con 15 Salarios Mínimo Vital y Móvil.
A pesar de este movimiento, lo cierto es que el kirchnerismo fue el único bloque que jugó en conjunto y sin fisuras para defender el polémico aumento de abril pasado. Ahora, pide marcha atrás. En cambio, las otras bancadas regalaron titubeos varios a la hora de avalar dicha suba. Villarruel decidió este mediodía que quienes iniciaron este conflicto lo solucionen en el recinto pasado mañana. Varias bancadas se muestran a favor del de Mayans. Detalle no menor: al no tener dictamen, necesita ser habilitado sobre tablas, con dos tercios de los votos.
El trámite de la BUP
Diputados aprobó un proyecto en 2022 que casi avanza en el Senado durante el último período estival, en sesiones extraordinarias. Allí se trabó por un dictamen de minoría que apareció vía Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), que reclama el sistema santafecino de papeletas por categoría y no el modelo cordobés, de boleta única para todos los cargos nacionales en puja. Esta última versión es la que apoyó su partido en la Cámara baja. Rápido de reflejos, el kirchnerismo se plegó a la rionegrina y dejó un potencial empate que no puede ser saldado -al tratarse de cuestión electoral, que requiere mayoría absoluta- por Villarruel.
Seis meses después, en medio del receso invernal que se autogestiona el Congreso -con anuencia de todos los bloques-, el equipo de Villarruel y un puñado de legisladores dialoguistas -como el radical Maximiliano Abad y el peronista disidente Juan Carlos Romero– buscaron acercar posiciones. Hubo un punto trascendental que lograron consensuar para avanzar con la ley: la eliminación de la casilla para votar la “lista completa” que el proyecto contempla en la elección general, ya que no se prevé para las PASO.
Diez días atrás, un borrador sugerido por la Casa Rosada dinamitó de un dicho preacuerdo. La nueva versión del Ejecutivo no sólo planteaba sumar el casillero de lista completa también en las PASO, sino que además imponía la posibilidad de que un distrito pueda adherir sus cargos provinciales y municipales a los nacionales. Es decir, una misma BUP para todo y una sola urna, algo que la iniciativa original permite sólo con papeletas y urnas separadas, en caso de concurrencia.
El martes pasado, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, asistió a la Cámara alta junto al vicejefe de Gabinete, José Rolandi; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy, para explicar a dialoguistas los detalles de la reforma política que pretende el Gobierno.
Desde Diputados y el Senado deslizaron al Ejecutivo que no existe por ahora margen para eliminar las PASO -favorece a quien esté en el poder- y allí se habló de la BUP. No obstante, lo importante ocurrió al día siguiente, cuando el oficialismo ofreció -una vez más- a silvestres provinciales claves la quita del casillero de “lista completa” de cualquier acto electoral, lo que acrecentó las expectativas de un eventual acercamiento, como contó Infobae el domingo pasado.
Con todos esos antecedentes amontonados y senadores dialoguistas hartos de las idas y vueltas de los funcionarios libertarios, Catalán y Rolandi volvieron hoy a la Cámara alta, a un plenario informativo de las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Justicia y Asuntos Penales.
Al disertar, los representantes de Gabinete y de Interior se desligaron del nuevo preacuerdo y lo dejaron en mano de los legisladores. Otra asistente, de la Dirección Nacional Electoral, incluso negó partes de la propuesta de la Casa Rosada, que por momentos confundieron a los integrantes de ambas comisiones. Lo que sí fue explicado con detalle apuntó a la necesidad de modificar diferentes plazos del calendario electoral. Todos operativos y lógicos relacionados con la confección de boletas, impresiones y licitaciones varias. También tuvieron que aclarar que habrá fondos para capacitar a las autoridades y a la ciudadanía.
Tras consultas de diversos senadores los expositores respondieron, entre otras cosas, que no habrá misma urna ni boleta en caso de concurrencia entre Nación y un distrito: por más que el distrito avale el uso de la BUP, será de manera separada.
Además, se estimó un ahorro de entre el 40-50% en comparación al mecanismo actual, según experiencias provinciales. De esta manera, se cortaría también el “negocio” -así lo dijo Rolandi- de los partidos que presentan listas varias en las PASO y reciben fondos para la impresión de padrones. Junto a ello se descomprimiría la usual y costosa fiscalización.
El kirchnerismo se quejó este martes de la falta de información de parte del Gobierno, que aprovechó la ocasión para descartar rumores repetidos desde que se inició el debate en Diputados: en una simulación que se hizo sobre las PASO del año pasado para la provincia de Buenos Aires -repleta de listas-, la BUP midió 96 centímetros de largo. Muy alejado del metro y sesenta que aseguraba como certero el Frente de Todos. Esto no quita la posibilidad de una potencial boleta de casi un metro.
“Si se confirma que sacan el botón de lista completa para que no quede en ninguna elección, los plazos que mencionaron podrían incorporarse. Parecen razonables. Ahora, si quieren hacer todo a las apuradas, va a salir mal. Acá había un acuerdo y los funcionarios del Gobierno lo rompieron ya una vez. Ahora nos tiran la responsabilidad a nosotros y dicen que lo define la política. Fue bastante desprolija la actitud del Ejecutivo, por eso el tema no tiene el consenso necesario para ir el jueves al recinto”, señaló esta noche un senador dialoguista a Infobae.
