Mañana habrá una reunión clave en la sede de la Secretaría de Trabajo que podría desembocar en un paro nacional de colectivos si persisten las diferencias en la tensa negociación que mantienen la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector. El conflicto se da en medio del retraso en el aumento del boleto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el ajuste en subsidios que busca llevar adelante el Gobierno.
El de este viernes será el sexto encuentro entre las partes luego de que fracasara el de este jueves, ya que continúa como principal punto de desacuerdo el pedido del sindicato por recomponer la pérdida salarial de diciembre último que había sido acordada durante la gestión anterior de Gobierno. La UTA amenaza con la posibilidad de ir a una medida de fuerza que termine en una paralización de un servicio esencial en el que se mueven millones de personas todos los días.
Según consta en el acta oficial de ayer, los choferes de colectivos reclaman una actualización salarial de 27% en enero para llegar a un salario básico de $777.700, otro 33% en febrero para saltar a $972.125 y una suma no remunerativa por única vez en tres cuotas iguales consecutivas de $42.307 para compensar la pérdida del último mes del año pasado.
En tanto, las empresas esperan sobre el sueldo inicial de $530.000 de diciembre un 25% para enero, otro 20% para febrero más una suma no remunerativa de $60.000 que llevaría el ingreso a $806.000 mensuales. Ese ofrecimiento se da sobre la base de un supuesto de inflación de 25,7% en diciembre, 15% en enero y 15% en febrero. “Nuestra propuesta importaría un acumulado del 65%, contra incremento del IPC diciembre-febrero que va a la par de dicho valor”, señalaron.
Al respecto, la UTA salió al cruce ayer en un comunicado posterior a la reunión que tuvo lugar en la cartera laboral: “Desde el sector empresario pretenden que firmemos un acuerdo que implique reconocer una pérdida de poder adquisitivo de los salarios del mes de diciembre de 2023, cuando ya ello está acordado y homologado por el ex Ministerio de Trabajo. Esto NO es negociable bajo ningún engañoso pretexto ni ecuaciones matemáticas con las que ilusoriamente se pretende hacer creer que favorecerían a los trabajadores”.
“Como si lo anterior fuera poco, expresan las empresas como condicionante a cualquier oferta, que el Estado Nacional no les reconoce los costos del nuevo aumento, la verdad que este será un problema que deberán resolver o no ellos y que no nos es en manera alguna oponible”, apuntó el gremio.
Se retrasó el aumento en el AMBA
En efecto, desde ambas partes reconocen la responsabilidad del Gobierno a la hora de definir el total de fondos con los que contará el sector en los próximos meses. Allí se ponen en juego los $90.000 millones mensuales en subsidios, a valores de 2023, que se dividen entre el Tesoro nacional y la provincia de Buenos Aires. Pero para comenzar a ordenar la situación la clave está en los incrementos previstos para el primero de febrero en el boleto en el AMBA que finalmente se retrasarán al menos hasta mediados de mes.
Según pudo saber Infobae, de fuentes oficiales, el Gobierno confía en que en las próximas horas la Justicia resolverá en su favor sobre la cautelar presentada por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que cuestionaba el procedimiento de consulta en donde se abrió una casilla de mail para recibir las opiniones de la ciudadanía. Una vez resuelto ese escollo consideran que podrán avanzar con los incrementos de manera “inmediata”.
De todos modos, el proceso para aplicar los incrementos previstos no será inmediato. El vicepresidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), Luciano Fusaro, explicó a este medio que una vez que se levante la cautelar Transporte deberá llevar adelante el proceso de audiencia pública y que luego se actualice el sistema SUBE con los nuevos valores. “La primera quincena de enero está perdida”, afirmó en línea con lo que sucedió con los aumentos de enero.
“No tenemos claro si el Estado nacional se va a hacer cargo de los ingresos que perdemos las empresas por la tarifa que esperábamos aplicar y no vamos a tener”, apuntó Fusaro.
En ese sentido, el ministro de Transporte de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afirmó este martes: “Suponiendo que mañana la Justicia autorice una nueva convocatoria, no hay forma de que los aumentos se apliquen antes del 15 de febrero”.
A través de un decreto publicado el 19 de enero en el Boletín Oficial, el Transporte convocó a la audiencia pública donde se discutirá el incremento del 250 por ciento. La intención oficial es que desde febrero el mínimo del colectivo pase a costar $270 en zonas metropolitanas y quienes no tengan la tarjeta SUBE registrada la tarifa se iría a casi el doble. En tanto, para los trenes, el nuevo esquema quedará en $130,00 con SUBE para la primera sección y $430 en efectivo; $169,00 para la segunda sección con SUBE y $430 en efectivo y, finalmente, de $208,00 con SUBE y $430 para la tercera sección.
