La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comanda el legislador libertario José María Pagotto (La Rioja), dictaminó este jueves la iniciativa que impone “prisión de 5 a 15 años al que reciba y a quien entregue ilegítimamente a una persona menor de edad mediando o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”.
El proyecto, empujado desde el inicio por la radical Carolina Losada (Santa Fe) y, en medio de la actualidad por el caso Loan -el niño desaparecido en Corrientes-, también establece que “será reprimido con la misma pena, si no resultare un delito más severamente penado, quien entregue y/o reciba a una persona menor de edad con fines adoptivos sin haber cumplido con la ley vigente cuando haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”.
La nueva firma de un despacho -acompañado por oficialismo y oposición, incluida la del Frente de Todos, con aportes de la riojana Florencia López– se dio tras un primer dictamen que llegó al recinto y tuvo que volver a la comisión, por un severo error del libertario Pagotto. Esa situación derivó en una reunión posterior con expertos que aportaron definiciones clave para destrabar la ley, como las realizadas por el titular de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, actual vicepresidente de la comisión que redacta e impulsa el nuevo Código Penal.
Otro de los artículos señala que “si el autor de alguna de las conductas previstas” en la norma “fuere funcionario público o profesional y el delito se cometiere en el ejercicio de su actividad, la pena se fijará dentro del tercio superior de la escala penal” y “se le aplicará la accesoria de inhabilitación especial perpetua, si no resultare un delito más severamente penado”.
Por otra parte, “las escalas penales podrán reducirse a las de la tentativa respecto de los partícipes o autores” si “durante la sustanciación del proceso del que sean parte” den “información o datos precisos, comprobables y verosímiles” sobre diversos delitos mencionados en el proyecto como, por ejemplo, algunos relacionados con la comercialización de estupefacientes.
Más allá de esto, la iniciativa deja en claro que “para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada contribuyan a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad; averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión de los delitos previstos en el presente artículo”.
Además, “cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena sólo podrá reducirse hasta los quince (15) años de prisión”. En tanto, “la reducción de pena no procederá respecto de las penas de inhabilitación o multa”.
Con el dictamen firmado este jueves, ley quedó en condiciones de aprobarse en la sesión que tiene pensada el oficialismo -aún sin confirmación formal- para el 14 o 15 de agosto. Luego, tendrá que ser sancionada por Diputados. Dentro de la eventual reunión en el recinto aterrizaría también la definición de la ley que mejora las jubilaciones, aprobada por la oposición en la Cámara baja, en junio último. La Libertad Avanza intenta modificar ese texto y devolverlo en segunda revisión. Tras ello, las energías del Senado estarán depositadas para analizar los dos candidatos que envió el Gobierno para la Corte Suprema de Justicia.
