En medio de la difícil situación que atraviesan todas las provincias, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Axel Kicillof, puso en marcha un proceso de control de gastos relacionados con el uso de los celulares administrativos y solicitó a las diferentes áreas que realicen un relevamiento de los dispositivos móviles que tienen bajo su responsabilidad. Los funcionarios pasarán a tener un plan estándar de telefonía móvil y, en el caso de excederse, los cargos extras correrán por cuenta de cada persona a cargo del dispositivo.
La medida fue oficializada a través del decreto 1183/24, publicado en el Boletín Oficial provincial, que aprueba el “Régimen de uso responsable y optimización funcional de Servicios de Comunicaciones Móviles”. La tarea quedará a cargo de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones, dependiente la Subsecretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Gobierno o el organismo que en el futuro la reemplace.
De esta manera, el Ejecutivo bonaerense dispuso que cada una de las áreas cuyos funcionarios cuentan con celulares administrativos realicen un relevamiento de cuántos dispositivos móviles tienen bajo su responsabilidad e identifiquen al personal autorizado para su uso.
“Los organismos que, por cualquier razón, no puedan identificar a los/as usuarios/as de los servicios de comunicaciones móviles asignados a su jurisdicción, deberán requerir a la Autoridad de Aplicación la suspensión preventiva o baja del servicio. En caso contrario deberán afrontar las erogaciones que se generen como consecuencia del uso de los servicios y equipos”, aclara el decreto y suma: “La Dirección General de Administración de cada jurisdicción, o dependencia que haga las veces, no autorizará el libramiento de órdenes de pago correspondientes al servicio de aquellos equipos que no hubieran sido relevados e incorporados oportunamente al Registro mencionado”.
Así, se establecerá un sistema de fiscalización más minucioso que permitirá controlar no solo el uso de los celulares, sino también asegurar la devolución, reposición y reparación, en caso de que sea necesario.
Además, en el anexo de la legislación al que tuvo acceso el medio bonaerense 0221, se fijaron una serie de restricciones para el uso de los teléfonos administrativos. El régimen sostiene que solo podrán acceder a un teléfono administrativo aquellos funcionarios que tengan un rango superior o equivalente al de director provincial. A su vez, el Gobierno bonaerense indicó que cada uno de los celulares contará con un plan estándar y, en caso de que se supere el consumo previsto, los gastos correrán a cuenta del funcionario.
Sin embargo, los ministros, secretarios y demás funcionarios con cargos de esa jerarquía tendrán habilitado el uso y acceso a comunicaciones internacionales, como el roaming.
Por otro lado, el Ejecutivo bonaerense prohibió “la utilización de servicios de comunicaciones móviles vinculados a programas de entretenimiento televisivos, ringtones y/o melodías, donaciones de cualquier índole y otras de similares características”.
En su considerando, se alega que esta decisión se enmarca en una serie de medidas “tendientes a racionalizar y optimizar los procedimientos de uso de tecnologías de la información y las comunicaciones a los efectos de lograr el máximo de eficiencia en la gestión de las mismas”.
En esa línea, la administración de Kicillof plantea que “debe ponderarse que las innovaciones tecnológicas en materia de telecomunicaciones han generado una gran cantidad de prestaciones accesorias a la comunicación telefónica básica, razón por la cual deviene indispensable establecer los límites en que tales prestaciones aportan valor a la dinámica de la gestión pública”.
Asimismo, consideran que “es necesario continuar con el uso de procedimientos que profundicen la transparencia y eficacia en la asignación de los servicios de comunicaciones móviles, mejorando las técnicas o mecanismos de registración e identificación de equipamiento y usuarios, y atendiendo a su debida devolución, reposición, reparación y uso”.
