“Una preadjudicación que ocurre el 7 de diciembre, yo asumí el 7 de diciembre. Con algunas firmas hechas el 11, con funcionarios que ya no eran funcionarios. Es parte de una investigación interna que estamos haciendo”, lanzó ayer a la tarde el jefe de Gobierno, Jorge Macri, en una entrevista con LN+. Pocas horas antes había dado de baja la preadjudicación del nuevo sistema de acarreo de autos en la Ciudad de Buenos Aires, un tema siempre espinoso. Macri habló de irregularidades y desató un conflicto político con la gestión de Horacio Rodríguez Larreta.
En los hechos, el dictamen de preadjudicación figura en el sistema informático de la Ciudad con la fecha del 6 de diciembre, apenas un día antes de la asunción de Jorge Macri. Pero el texto luego arranca con la fecha del lunes 11 de diciembre. “No sé si hubo una mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario, sin tener la potestad”, aseguró Macri.
El jefe de Gobierno no dio nombres. Pero el dictamen lleva la firma de tres funcionarios: Francisco Merodo, Francisco Pérez Martínez e Ignacio Salaberri. Los tres, según pudo saber Infoabe, respondían a la entonces Secretaría de Transporte, Manuela López Menéndez.
Merodo era asesor legal de la Secretaría de Transporte. En tanto, Pérez Martínez tenía el cargo de Subsecretario de Gestión de la Movilidad y Salaberri revestía como director general de Servicios de Movilidad.
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11/12/2023 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de”, arrancaba ese dictamen donde se mencionaba a las tres empresa beneficiadas: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecoba y SAEM-Tránsito Rosario.
Y agregaba: “El presente Dictamen se respalda en los siguientes informes de evaluación: Informe legal-administrativo (IF-2023-32071810-GCABA-SECTOP); Informe técnico (IF-2023-32224395-GCABA-DGGSM); Acta de preselección de ofertas (IF-2023-32293294-GCABA-SECTOP); e Informe económico sobre N° 2 (IF-2023-44652122-GCABA-DGGSM”.
En el larretismo aseguran que esa preadjudicación “fue uno de los temas que se negociaron durante los últimos seis meses de la gestión” con el equipo de Jorge Macri, que en ese momento estaba en plena campaña. “No hay nada irregular y además no hay perjuicio económico para la Ciudad con una preadjudicación”, le dijo a Infobae un ex funcionario porteño que conoce el paso a paso de ese trámite administrativo.
El acarreo siempre fue un tema conflictivo. En 2022 se estatizó el sistema y 310 trabajadores que respondían a los Moyano en las empresas Dakota y BRD cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). “Están trabajando a reglamento hace meses y siguen cobrando sus sueldos”, se quejó uno de los empresarios involucrados en la negociación.
La nueva gestión decidió dar de baja el modelo planteado por la licitación, pero las negociaciones no se cerraban. Entre jueves y viernes hubo reuniones con emisarios de las empresas y de los gremios. Horas después, el gremio de Camioneros puso en marcha una protesta que inundó de basura las calles de la Ciudad. Esa reacción reactivó las dudas sobre los supuestos vínculos de los Moyano con dos de las firmas interesadas. Y le dio al Gobierno la “excusa” ideal para cerrar el capítulo de las grúas. “Si querían cambiar el modelo están en todo su derecho pero no se entiende por qué pusieron en duda todo”, se quejó un ex funcionario que tenía su despacho en el edificio de Uspallata.
La protesta de Camioneros ya tuvo consecuencias judiciales: el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció penalmente por extorsión al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano. El caso le tocó por sorteo a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. “Las calles de CABA aún siguen con basura por culpa de los chantajes. Pero se va a terminar, no aceptamos vivir bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”, afirmó el legislador en redes sociales.
Las acusaciones de Macri activaron un sumario interno. En la Ciudad dudan que el conflicto escale hasta la Justicia.
