Pese a las modificaciones y posiciones que manifiestan algunos gobernadores de Juntos y la oposición “dialoguista” con respecto al debate de la Ley Ómnibus, el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, mantendrá su rechazo a la iniciativa que el Gobierno buscará tratar este miércoles en la Cámara de Diputados. A la par de esa discusión, por estos días Kicillof se muestra enfocado en el impacto que tendrán los puntos de la Ley Bases.
Al filo de la semana pasada y sin demasiados anuncios, Kicillof reunió en la Casa de Gobierno en La Plata a un grupo de intendentes del conurbano bonaerense. Todos peronistas. En ese encuentro se acordó hacer un monitoreo sistemático de la situación económica y social de los distritos más poblados del país; detectar focos de conflictividad e intervenir ante los eventuales episodios que puedan emerger. Los intendentes coincidieron en que este mes aumentó la demanda de alimentos en los municipios y de trabajo.
Se sentaron con Kicillof y parte de su gabinete los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Damián Selci (Hurlingham), Ariel Sujarchuk (Escobar); Mayra Mendoza (Quilmes) y Mariel Fernández (Moreno). Se acordó que había que conformar una mesa de seguimiento y que ese tipo de reuniones tenía que tener periodicidad e intercambio de información. En un comunicado oficial se planteó que “se verificaron fuertes aumentos en los combustibles, alimentos, medicamentos y otros artículos de la canasta básica”; que se esperan también en las próximas semanas “grandes aumentos en tarifas de luz, gas, agua, boletos de tren y colectivo” y que “esta situación ya afecta gravemente a los sectores medios y vulnerables”.
Este lunes, Kicillof reunió -también en La Plata- a un grupo de entidades de empresariales de la pequeña y mediana empresa para hacer un repaso y balance de cuál es la situación del sector. Estuvo acompañado de su ministro de Producción, Augusto Costa.
Tras los cambios y la decisión de eliminar el paquete fiscal del proyecto original de la Ley Ómnibus, desde el gobierno bonaerense encendieron alarmas por el punto de facultades delegadas que aún se sostiene en el último texto que el gobierno de Milei y que por estas horas son parte de la clave de la negociación con la oposición no kirchnerista.
Fue la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, quien describió a la ampliación de facultades delegadas como “el verdadero riesgo de la propuesta del presidente Milei”.
“De votarse esa concesión, se estaría habilitando al gobierno a poder hacer por vía de decretos todo lo que de ningún modo el Parlamento, también votado por las y los argentinos, iba a sancionar, lo que pudo haber motivado el “retiro” anunciado por el ministro Caputo”, aseguró la vicegobernadora. También remarcó que “es necesario enfatizar la oposición a que se prive a las provincias de sus genuinos recursos legales, y mucho menos ante la intención de que esa política se profundice aún más, algo que en su anuncio del retiro del capítulo fiscal dejó en claro el ministro de Economía”.
Desde principio de año, Kicillof viene manteniendo reuniones con sectores atravesados de distinta forma por las modificaciones que se fueron proponiendo en la Ley Ómnibus y también en el DNU 70/2023. En algunas cruzadas, el bonaerense ha encontrado aliados dentro de la oposición dialoguista.
El caso más efectivo fue frenar los cambios en la Ley de Pesca que proponía el proyecto original de la Ley Ómnibus y que habilitaba a embarcaciones de bandera extranjera a realizar la actividad en territorio nacional sin necesidad de desembarcar en Argentina. También dejaba librado para la autorización de pesca que el personal y los buques fueran de cualquier nacionalidad. Para el otorgamiento de la autorización de pesca, la ley actual prioriza que las empresas que operen estén radicadas en el país, que los buques empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje y que los buques estén construidos en el país. La llave para destrabar ese punto fueron el gobernador de Chubut, Ignacio Torres y el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro; ambos de PRO.
Cerca del gobernador bonaerense decían que no importaba quién conseguía el objetivo. “Si lo escuchan a Torres, que vaya y negocie él”, argumentaban. Algo similar ocurrió con la marcha atrás con la posibilidad de eliminar la llamada zona fría en la reconstrucción tarifaria que prepara el gobierno nacional.
Entre los últimos cambios se deja un aclarado referido a la zona fría; que en la provincia de Buenos Aires impacta de manera directa sobre un total de 1.264.164 consumidores en territorio bonaerense, según datos de ENERGAS.Se trataba del artículo que faculta al Ejecutivo a “modificar, transformar y/o eliminar los fondos fiduciarios del sector energético, inclusive los destinados a subsidios, revisando procedencia y destino de los mismos, con el fin de garantizar una mayor eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos que los integran y en el control al momento de su implementación y aplicación”. El régimen zona fría se anclaba sobre un fondo fiduciario. El texto nuevo de la Ley Ómnibus sigue casi igual, solo que se aclara que “la SECRETARÍA DE ENERGÍA tendrá en consideración y comprenderá la Zona Fría al momento de diseñar, reasignar y establecer el nuevo esquema de subsidios, a fin de evitar su duplicación”. Fueron muchos los sectores políticos que pedían cambios en este asunto.
En la provincia de Buenos Aires, el ministro de infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis alertó sobre este tema cuando expuso su rechazo en la audiencia pública por el aumento de la luz; pero además lo hicieron desde la UCR. Los intendentes del sur bonaerense Sofía Gambier (Pellegrini), Lucía Gómez (Gonzáles Cháves), Martín Randazzo, (General La Madrid), Luciano Spinolo (Tres Lomas), Javier Andrés, (Adolfo Alsina) y Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego) también habían pedido que no se elimine el régimen de “Zona Fría”. Misma postura exhibió la semana pasada, Montenegro de General Pueyrredón y los intendentes peronistas de la zona sureña bonaerense.