El ex director del Instituto Portuario de la provincia, Juan Orrico, dio positivo en el test de alcoholemia. Así lo determinó la pericia judicial en el marco de la investigación del accidente sucedido el jueves 20 de junio a la madrugada en la ruta 39, en cercanías de Caseros en la zona centro oeste de Entre Ríos.
Según indicaron fuentes oficiales, la prueba fue positiva. Pero aún no se ha determinado el grado de alcohol en sangre que tenía. Ese dato se demoraría hasta la semana próxima incluso, precisaron en Tribunales. Es un factor clave por varias razones. La más importante es que podría ser un agravante del crimen que se lo acusa: homicidio culposo.
El artículo 84 bis del Código Penal, incorporado en la reforma de 2017, establece una pena en expectativa de entre 2 y 5 años al que causare una muerte por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo.
En el segundo párrafo del apartado, las penas se agravan y pasan a ser de 3 a 6 años de cárcel en caso de que existan algunos agravantes. En el listado están conducir bajo los efectos del alcohol en caso de que haya más de 1 gramo por litro de sangre. En el mismo sentido, incorpora la figura de “culpa temeraria” cuando los fallecidos fueran más de uno, como en este caso.
Además, del grado de alcohol en sangre dependerá si el seguro del vehículo cubre o no los daños, comentaron fuentes judiciales. En Entre Ríos rige la norma de alcohol cero en la conducción, pero las aseguradoras suelen dar un margen de hasta un gramo.
Una póliza estándar de Iapser Seguros, la empresa estatal que asegura a la flota de vehículos oficiales, establece entre las causales de exclusión de la cobertura de responsabilidad civil: “Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona en estado de ebriedad. Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que corresponda) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a un gramo de alcohol por mil gramos de sangre al momento del accidente”.
Consecuencias patrimoniales
Según los primeros datos, el VW Passat propiedad del Instituto Portuario de la provincia y conducido por Ruiz Orrico causó el impacto al cruzarse de carril. El vehículo circulaba por la ruta provincial 39 en sentido oeste – este y chocó de frente contra el Corsa en el que se trasladaban los hermanos Lucas y Brian Izaguirre; Leonardo Almada y Axel Rossi y que transitaba en sentido contrario.
Ruiz Orrico venía de una fiesta privada en la ciudad de Concepción del Uruguay. Los cuatro muchachos iban a su turno de trabajo en el frigorífico Fadel, que funciona en la localidad de Pronunciamiento.
Además de la demanda penal, las familias de los muchachos fallecidos podrían iniciar acciones civiles. En este plano, tienen responsabilidades concurrentes Iapser Seguros; el Estado provincial, por ser titular del auto; la ART de los fallecidos ya que el deceso fue in itinere (es decir, mientras se dirigían a cumplir su trabajo) y Orrico.
Las primeras cifras que circulan como valuación del daño en los despachos oficiales están en el orden de los millones de dólares. También se especula con que, llegado el caso, el Estado deberá hacer un juicio de repetición contra el ex funcionario para recuperar todo o parte de lo que podría pagar por el siniestro vial.
Además, la Fiscalía de Estado abrió una pesquisa interna a través de la División de Investigación Patrimonial para analizar el daño que provocó Orrico al erario público por la destrucción del Passat y, eventualmente, por su conducta irregular.
Ruiz Orrico es un dirigente del campo ligado a la Sociedad Rural. Fue tres veces candidato a intendente de Concepción del Uruguay, la quinta ciudad en importancia de Entre Ríos. En la primera oportunidad, integró en 2011 la boleta de Eduardo Duhalde. En las dos siguientes (2015 y 2019) compitió por el PRO. En todas perdió.
Está en pareja con la jueza Evangelina Bruzzo, integrante de la Cámara de Casación Penal de Concordia, con jurisdicción en el centro–este de Entre Ríos. La circunstancia no es menor. La primera fiscal que intervino, María Occhi, se excusó por su amistad con Bruzzo. La investigación pasó entonces a manos de Eduardo Santos.