Con la salida de Guillermo Ferraro como ministro de Infraestructura, el titular de Economía, Luis Caputo, absorberá todas las Secretarías que integraban el organigrama. Entre ellas se encuentran algunas áreas claves para el ajuste que quiere llevar adelante el Gobierno, pero que pero que también representan una herramienta para negociar el apoyo de las provincias a las modificaciones incluidas en la ley ómnibus, que apuntan al objetivo de superávit fiscal en 2024, y la nueva ley de Ganancias que tiene el mismo fin.
Si bien en Economía prefieren que no se mencione la idea de un “súper ministerio”, las influencias que sumó Caputo al menos para su hoja de ruta en materia fiscal es relevante. Entre los recortes que consignó en el Excel presentado en diciembre, el titular del Palacio de Hacienda contemplaba una reducción de 0,7 puntos del PBI en gastos de capital en donde el área de Obras Públicas será fundamental. No son pocos los gobernadores e intendentes que manifiestan su preocupación ante sus interlocutores del Poder Ejecutivo Nacional.
Otro punto central es el de los subsidios, en este caso al transporte, una cuenta que el ministro esperaba reducir en 0,2 puntos del PBI. Junto con el ajuste a la asistencia a las tarifas de energía, 0,5 puntos del PBI, esperan sumar un recorte de 0,7 puntos del PBI para este año.
Un antecedente sobre las subvenciones se dio en el inicio de la gestión de La Libertad Avanza. Ferraro contaba con que iba a quedarse con las Secretarías de Energía y Minería, pero el feriado del 8 de diciembre Infobae adelantó que finalmente quedarían bajo la órbita de Economía ante la necesidad de Caputo supervisar el ajuste en esas áreas que tanto problemas le trajo al Gobierno de Alberto Fernández
El plan original de Caputo contemplaba un déficit fiscal de 5,2 puntos del PBI en 2023. Para eso delineó una estrategia para sumar ingresos 2,2 puntos del PBI y eliminar gastos por 3,2 puntos del PBI. Sin embargo, el rojo en las cuentas terminó 1 punto por encima de lo esperado y por eso deberá realizar un ajuste mayor al previsto.
Parte de esa hoja de ruta fiscal se encuentra en la ley ómnibus, en particular, respecto a la reducción prevista en las jubilaciones, 0,4 puntos del PBI, y la suba de retenciones, que aportaría una recaudación adicional de 0,5 puntos del PBI. Caputo avisó que si la norma no avanza, se revisarán las transferencias a provincias por un monto superior al que ya estaba previsto para este año (0,5 puntos del PBI).
Al respecto, el director de Analytica, Claudio Caprarulo, señaló: “Algunos de los cambios en la legislación que propone el gobierno mediante la ley ómnibus como el DNU tienen impacto directo en el resultado fiscal de este año, mientras otros no. La clave está principalmente en las retenciones y la nueva fórmula de movilidad jubilatoria”.
“Nosotros proyectamos que el gobierno puede cumplir con la meta fiscal que se propuso para este año, pero la discusión está sobre la sostenibilidad política y social de la misma”, advirtió Caprarulo.
Es allí donde el ministro de Economía sumó una carta adicional para negociar con los mandatarios, además de las cajas de obra pública y viviendas. En concreto, el consenso entre ambas partes es necesario para la aprobación del proyecto de “Ley de Impuesto a los Ingresos Personales”.
La norma puede generar un ingreso adicional al Tesoro de entre 0,35% y 0,4% del PBI en 2024. Para las provincias los fondos adicionales pueden ser de hasta casi 0,5% del PBI tras la caída en las transferencias automáticas de los últimos meses producto de la última modificación del impuesto a las Ganancias.
El analista de EPyCA Consultores, Alejo Pasetto, consideró que la cartera económica quedaría “sobrecargada” por la diversidad de áreas que manejaría. “En paralelo a eso, no sé si es el funcionario con mejor cintura y muñeca para negociar con gobernadores teniendo en cuenta los últimos cruces públicos”.
