Un fuerte debate se desató en la sociedad entrerriana, sumado a un planteo judicial presentado en los tribunales provinciales, luego de que el gobierno de Entre Ríos autorizara, en mayo último, la caza de 9 especies de aves autóctonas.
Dentro de las 60 organizaciones socioambientales que solicitaron a la Justicia que frene una resolución de la Dirección de Recursos Naturales de Entre Ríos se encuentran por ejemplo el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS), Conciencia Animal, Ecoguay Gualeguay y Ayuda Animal Concepción del Uruguay.
Lo hicieron a través de un recurso de amparo y una medida cautelar que tramitan en la Cámara en lo Contencioso y Administrativo N.º 1 de Paraná, contra la norma cuestionada que aprobó la temporada de caza desde el 19 de mayo hasta el 27 de agosto de varios ejemplares autóctonos provinciales. Por medio de la resolución N.º 997 de la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización, publicada en el Boletín Oficial provincial, el Gobierno de Entre Ríos habilitó la caza menor en el territorio provincial.
“Habilitar la temporada de caza deportiva menor para el año 2024 en la provincia de Entre Ríos, desde el 10 de mayo hasta el 23 de agosto del corriente año”, dice el artículo primero de la norma emanada por la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización de Entre Ríos.
Mientras que el siguiente artículo, aclara: “Ratificar la prohibición de ejercer la caza en las superficies ocupadas por los sitios Ramsar de jurisdicción provincial; así como en las Áreas Naturales Protegidas, declaradas e incorporadas al Sistema Provincial y la superficie total de la Reserva de Salto Grande, establecida por Resolución N.º 157/79 DRN”. También, en el tercer artículo, se incluye como zona prohibida a los “Monumentos naturales”.
La norma establece que la caza estará habilitada en todo el territorio de la Provincia de Entre Ríos, excluyendo las Áreas Naturales Protegidas incorporadas al sistema provincial según Ley N.º 10.479 de fecha 25 de abril de 2017 y las zonas vedadas que se indican en el artículo 2 de la Resolución 1087 del 15 de mayo de 2024 modificatoria del el artículo 8 de la Resolución 997/24.
Es decir, que permite la cacería sin restricciones territoriales en las áreas de La Paz, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay; parcialmente en Gualeguay, Victoria, Nogoyá y Villaguay (artículo 8º) y de forma exclusiva en cotos de caza para los no residentes en la provincia (artículo 9º).
“La resolución del Gobierno de Entre Ríos autorizó la matanza de aves autóctonas en 6 departamentos de la provincia. Pero esta caza menor habilitada ahora involucra a animales que no son plagas, no son exóticas, no son abundantes. Son especies migratorias que dispersan semillas y huevos de peces a lo largo de toda su ruta migratoria”, explicó a Infobae Gabriel Bonomi, de la ONG Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (Ceydas).
“En general, en Entre Ríos hay un rechazo de la caza de animales autóctonos, ya que se matan cientos de miles de aves todos los años y pueden alcanzar un millón, según datos conjeturales de distintas organizaciones, ya que no hay estudios por parte del gobierno. Además, hay que mencionar que los dos años anteriores, se autorizó la caza menor en 2022 y 2023, pero la Justicia la anuló y declaró inconstitucional y contrario a convenios ambientales pactados por parte del país”, agregó Bonomi.
El ambientalista afirmó que hay intereses económicos muy fuertes de los 14 cotos de caza de Entre Ríos para que esta práctica de caza menor se habilite.
“Se mueven montos millonarios con esta actividad. Por cada salida o excursión para cazar se cobra entre 3000 y 4000 dólares. Encima, no hay control del gobierno a la hora de fiscalizar los cotos de caza, la forma en que se caza, a qué animales se les dispara y con qué municiones se realiza esta siniestra práctica”, precisó.
“Se utilizan métodos crueles, como cebar con alimentos a determinadas lagunas y luego los masacran. Es como pescar en una pileta. Utilizan señuelos y silbatos especiales con la vocalización de los patos. La fiscalización es débil. En esta nueva resolución se prohibió el plomo y se reemplazó por acero. Pero como no hay control, no se puede verificar eso. No todas las armas aceptan estos materiales nuevos. Y al no haber control, no se sabe qué municiones se utilizan”, concluyó.
La nueva disposición firmada extiende el permiso con carácter de exclusivo para no residentes en cotos de caza y permite una mayor matanza de ejemplares por individuo y por excursión.
Se amplía la variedad de 6 –permitidas en 2023– a 9 especies de aves a cazar: Pato Picazo (Netta peposaca) (5 piezas), Pato Barcino (Anas Flavirostris) (3), Pato Siriri Pampa (Dendrocygna viduata) (2), Pato Siriri Bicolor (Dendrocygna bicolor) (2), Pato Cutiri (Amazonetta Brasilensis), (2), Pato Maicero (Anas Georgica) (2), Pato Collar (Callonetta Leucophrys) (2), Pato Capuchino (Spatula Versicolor) (2), Perdiz o Inambú Común (Nothura maculosa) (8); a la cual se le agrega la Liebre (Lepus europaeus) (4).
Y destaca que para la caza de anátidos se debe utilizar un 100% de municiones alternativas no contaminantes como el acero. Si bien en un primer momento se dispuso que “aquellos cazadores provenientes de otras provincias deberán hacerlo exclusivamente en establecimientos de turismo debidamente inscriptos en la Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización o en inmuebles determinados por estos”, posteriormente y por Resolución 1087 del 15 de mayo de 2024, esta exigencia quedó solo para los extranjeros.
Las excursiones de caza deberán efectuarse los días sábados, domingo y feriados, vísperas o posteriores al feriado y están habilitadas únicamente en establecimientos de turismo aventura autorizados por la provincia.
“Todo cazador deberá estar munido de la pertinente Licencia y/o Permiso Transitorio para ejercer la Caza Deportiva Menor. La licencia de caza se obtiene desde la página de la Dirección General de Fiscalización del Ministerio de Producción Provincial”, precisó la resolución.
También se estableció que es obligatorio el uso de la “Hoja de Ruta del Cazador”, la cual deberá estar cumplimentada para el tránsito final y podrá ser requerida y verificada por personal competente de la Dirección General de Fiscalización y Dirección Minería, Medio Ambiente y Recursos Naturales y/o personal delegado debidamente autorizado. Su omisión constituye infracción a la legislación vigente.
Ceydas informó que la acción judicial solicita “se anule la polémica resolución de la Dirección de Recursos Naturales que permite la matanza de las especies de aves autóctonas”. “La polémica medida aumentó considerablemente, con respecto a años anteriores, la cantidad de especies que se pueden matar, así como la superficie donde se puede practicar la caza, favoreciendo claramente al negocio de los cotos de caza”, lamentaron desde la ONG.
Las organizaciones que llevan adelante la protesta explicaron también que “el plomo que contienen los perdigones usados para cazar es altamente contaminante y probablemente cancerígeno, según un informe de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC)”. Otros argumentos son que el Estado provincial “carece de un registro de cazadores y no cuenta con capacidad para fiscalizar la caza”.
Además de la acción judicial, Ceydas lanzó una solicitud que señala que “las aves autóctonas que se matan en los cotos no son plagas, no son perjudiciales, no son abundantes y no son exóticas. No hay razones para habilitar semejante matanza” y exigió la “anulación de esta irresponsable e insensata medida que está exterminando a nuestras aves” expresan en los fundamentos del escrito.
La carta abierta apunta que, “a pesar de los antecedentes de inconstitucionalidad y de violación de tratados internacionales y del contundente rechazo social hacia la caza” fue autorizada la “matanza de 9 especies de aves autóctonas en Entre Ríos” y recordó que todos los años cazadores extranjeros contratan cotos de caza “a masacrar cientos de miles de aves autóctonas”.
Antecedentes judiciales
Existe un antecedente judicial favorable para las ONGs demandantes. En los dos últimos años, las resoluciones que habilitaron la temporada de caza menor en Entre Ríos fueron judicializadas.
La Justicia falló a favor para frenar los decretos de 2022 y 2023 porque no contaban con solvencia científica para justificar el exterminio de las especies permitidas y por la violación a la legislación que prevé instancias de debate y participación ciudadana sobre estos temas.
