El gobierno bonaerense dio el visto bueno a la actualización de la tarifa de los peajes que están bajo la administración de la empresa estatal Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y comenzó el proceso formal para discutir de cuánto tiene que ser el aumento. Actualmente, el valor en la traza que une la Ciudad con la capital bonaerense es de $400 en hora pico y $300 para un automóvil en horario de baja intensidad; mientras que en el Sistema Vial Integrado del Atlántico son de $400 o $900, según la posta.
El gobierno de Axel Kicillof publicó este jueves en el Boletín Oficial la decisión administrativa que confirma la realización de la audiencia pública para discutir la suba del peaje. El debate será el próximo 26 de febrero, según el expediente que lleva la firma del ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y será en el auditorio del propio ministerio.
La resolución convoca “a las personas, asociaciones de usuarios/as y demás organismos que manifiesten interés” en el tema a realizar sus exposiciones. También se convoca a la empresa concesionaria “Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), para que exponga los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la propuesta de adecuación de tarifas por incidencia de los índices de variaciones de precios sobre su modelo económico”. Además, se definió que participará el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino.
Tal como ocurrió en anteriores readecuaciones del precio del peaje, la intención del gobierno bonaerense es ejecutarla luego de la temporada alta de verano. Además de la autopista Buenos Aires-La Plata, Aubasa también tiene bajo su control los peajes de las rutas 2, 11, 74 y 63.
Actualmente, la empresa se encuentra comandada por el vicepresidente Felipe Vismara. Sucede que quien fuera su titular hasta diciembre del año pasado, Ricardo Lissalde, asumió su banca como diputado provincial, a la que accedió por integrar la lista de Unión por la Patria por la Séptima sección electoral.
Vismara responde al ministro de Gobierno y mano derecha de Kicillof, Carlos Bianco; mientras que Lissalde forma parte del Frente Renovador, el espacio político de Sergio Massa. Aún no está definido quién será el nuevo presidente de la empresa que tiene como accionista mayoritario al gobierno bonaerense con un 93% de las acciones, mientras que un 7% es destinado a los empleados que adhieren al Programa de Propiedad Accionaria del Personal, representados por la respectiva organización sindical. El gremio de los trabajadores del peaje está controlado por Facundo Moyano, quien mantuvo una relación tirante con el último presidente de la empresa e incluso pidió su salida.
En octubre del año pasado, Facundo Moyano fue recibido por Kicillof en su despacho en La Plata. Allí, según el entorno del dirigente sindical, además de política dura se habló de un proceso de reconversión laboral “que seguirá siendo de transformación y nuevas oportunidades”. Entran allí las nuevas tecnologías.
De esta manera, el futuro incremento en el peaje se suma a la actualización impositiva que se votó a finales del año pasado en la Legislatura bonaerense para el período 2024.
En aquella oportunidad, la Cámara de Diputados y de Senadores, acompañaron el proyecto de Ley Impositiva Fiscal impulsado por Kicillof que determinó una suba sobre bienes inmobiliarios, urbanos edificados y tierra rural con variaciones que van desde el 140% al 200%, según la tasación patrimonial.
“En 4 años no aumentamos impuestos y seguimos en esa línea. Los últimos montos se fijaron en diciembre de 2022, de ahí la inflación a hoy acumulará más del 210%. Para cuando se empiecen a pagar estos impuestos en febrero/marzo de 2024, los privados estiman una inflación acumulada desde enero de 2023 de más de 300 por ciento”, explicaba en medio de la discusión impositiva el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López.
En la administración bonaerense ya empezó a impactar el recorte de fondos dispuesto por el Gobierno nacional. Incluso, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sugirió que los recortes hacia las administraciones provinciales serán mayores si el Congreso no vota las reformas económicas promovidas en la Ley Ómnibus.
“Mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado. No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el mandato que nos han dado la mayoría de los argentinos de equilibrar las cuentas fiscales para terminar con décadas de inflación y flagelo económico”, planteó el ministro de Economía del gobierno de Javier Milei.
Es ante este escenario incierto -que se manifiesta en la escalada de precios y costos- que se pide un aumento en los peajes que se encuentran bajo la concesión del gobierno de Kicillof.
