(Desde Montevideo, Uruguay) – El Gran Chaparral, una mansión ubicada cerca del balneario uruguayo Playa Hermosa, es un predio de nueve hectáreas que inicialmente solo tenía una casa principal con piscina y una residencia para huéspedes. Cuando Marcelo Balcedo, el dirigente del Sindicato Obrero y Empleados de Minoridad y Educación (Soeme) la adquirió, la residencia tuvo una gran reforma: le agregó una casa para huéspedes, un gimnasio con pileta interna, una tercera pileta con medidas olímpicas y climatizada.
Balcedo también sumó un galpón para maquinaria agrícola, corrales para animales, dos garitas con sistema de seguridad, una cancha de tenis abierta que también hace las veces de cancha de fútbol y otra igual bajo techo. En la residencia de Maldonado en la que cumple su prisión domiciliaria había un zoológico privado con ñandúes, llamas, carpinchos, loros habladores, guacamayos y alcapacas.
Sin embargo, otra de las características de El Gran Chaparral fue la que motivó a que Balcedo haya recibido la multa más alta que aplicó el novel Ministerio de Ambiente de Uruguay, creado en 2020 por el gobierno de Luis Lacalle Pou. La sanción de esa secretaría de Estado fue por “constatar la existencia de 12 tajamares sin regularizar” que captaban aguas públicas sin poseer los derechos de uso.
Los datos surgen de las 463 resoluciones con sanciones del ministerio que el semanario uruguayo Búsqueda informó a partir de un pedido de acceso a la información pública.
Por la irregularidad, Balcedo fue sancionado con 3.000 unidades reajustables (UR), unos 4.337.430 pesos uruguayos (algo más de USD 112.000, según la cotización de la divisa estadounidense actual).
Además, Balcedo también fue sancionado “por no haberse verificado el cumplimiento de lo ordenado dentro del plazo de 60 días otorgados para regularizar la situación y revertir la sanción”. Por este motivo, el Ministerio de Ambiente le aplicó una sanción de 6.000 UR, equivalentes a 8.674.860 pesos uruguayos (unos USD 225.000).
En Uruguay, Balcedo fue condenado mediante un proceso abreviado –que implica el reconocimiento de delitos ante Fiscalía a cambio de una pena menor– a cuatro años y ocho meses de prisión por lavado de activos, contrabando y tráfico de armas. Desde hace un tiempo se sometió al régimen de libertad vigilada. Su esposa, Paola Fiege, fue sentenciada a tres años, una condena que ya cumplió.
En Argentina, en tanto, Balcedo es investigado por delito de defraudación por asociación infiel contra el Soeme, que dirigía. También por lavado de activos y asociación ilícita.
Más sanciones
Si bien la sanción al sindicalista argentino fue la más alta que aplicó Ambiente, las empresas del complejo forestal e industrial UPM –que tiene dos plantas de celulosa en Uruguay– son las que acumulan más multas en conjunto, según los datos del medio uruguayo.
Por “incumplir los compromisos de gestión” previstos en el Plan de Gestión Ambiental de Operación, las sociedades anónimas Cuecar y Blanvira recibieron la segunda sanción más alta (equivalente a cerca de USD 191.000). Este incumplimiento derivó en el derrame de hidróxido de sodio sobre el arroyo Sauce, en Pueblo Centenario, donde está ubicada la segunda planta de UPM en Uruguay.
Las empresas de la compañía finlandesa, que operan tanto en la planta de Pueblo Centenario como la de Fray Bentos, fueron objeto de 26 multas entre 2020 y 2024. Los montos van desde 100 UR (casi USD 4.500) a 4.5000 UR (USD 191.000).
Las diversas ramas de la pastera fueron en conjunto las más inspeccionadas por Ambiente.
La petrolera estatal Ancap fue otra de las empresas que recibió sanciones altas de parte del ministerio. En 2022, fue multada por cerca de USD 64.000 tras un derrame de combustible que derivó en las aguas del arroyo Pantanoso de Montevideo. Esta acción afectó la calidad del ambiente y la compañía no realizó “las acciones suficientes” para mitigar el impacto.
